ETC no es ninguna tapadera, sino una asociación legal que cultiva cannabis dentro de la ley.
ETC solo distribuye cannabis a sus propios miembros mayores de edad, en un circuito cerrado sin ánimo de lucro.
La intervención policial no solo es desproporcionada e injusta, sino que favorece a los verdaderos narcotraficantes.
Exigimos una regulación clara del cultivo de cannabis que acabe con la inseguridad jurídica.
Ante las alarmantes informaciones aparecidas en diversos medios acerca de la intervención de la policía judicial de la comisaría de Torrelavega contra nuestra asociación, informaciones sin contrastar basadas exclusivamente en la versión policial, la asociación de usuarios/as de cannabis Estudios Terapéuticos del Cannabis (ETC) de Torrelavega quiere dejar claro que sus actividades son totalmente legales, siendo la intervención de la policía judicial injustificada y desproporcionada.
La asociación ETC se haya legalmente inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria. Entre sus fines sociales figura expresamente el de “evitar el peligro que para la salud de los usuarios de cannabis supone el tener que recurrir al mercado negro” y “la creación de un cultivo compartido, sin ánimo de lucro y en un circuito cerrado de usuarios mayores de edad, que impide el acceso a terceras personas, no siendo objeto de ese cultivo la promoción, favorecimiento y facilitación del consumo ilegal de cannabis”. Por tanto, la asociación ha sido intervenida, sus bienes incautados y varias personas detenidas por llevar a cabo actividades que el Gobierno de Cantabria considera legales.
Es más, la frase en la que se habla del cultivo compartido fue propuesta por la propia Consejería de Presidencia y Justicia, tal y como consta en el documento que adjuntamos. En dicho documento, el Gobierno de Cantabria afirma que “en este sentido se manifiesta la jurisprudencia del Tribunal Supremo, evitando así el encaje de estos cultivos en el artículo 368 del Código Penal”. Por tanto, si estos cultivos no encajan en el artículo 368, ¿cómo es posible que se detenga a varios miembros de la asociación en aplicación del mismo artículo?
Es falso que ETC haya distribuido cannabis a terceras personas. Los cultivos intervenidos, que aún no estaban listos para ser consumidos, estaban destinados a los 137 miembros inscritos en la asociación, todos mayores de edad, que iban a destinarlos a su uso personal, una práctica corriente en los cientos de asociaciones de este tipo que funcionan actualmente en España al amparo de la jurisprudencia sobre el llamado “consumo compartido” de drogas ilícitas. En este sentido, hay que aclarar que es indiferente que el cannabis vaya destinado a un uso terapéutico o lúdico, ya que en ambos casos es legal mientras se respeten los límites que recogemos en nuestros estatutos. El supuesto uso no terapéutico que alega la policía judicial no es más que una excusa para intentar ponerse una medalla y crear alarma social en torno a una entidad legal de carácter privado y no lucrativo, cuyas actividades eran del dominio público.
La policía afirma que “detectaron la existencia de un local alquilado”, como si el mismo fuera clandestino y no una sede social oficialmente inscrita en el Gobierno de Cantabria. Lo que no explican cuando dicen que “se tuvo conocimiento de que dicho local albergaba la sede de la citada asociación”, es que el mismo fue visitado en dos ocasiones por miembros de la Policía Local de Torrelavega (que casualmente comparte local con la Policía Judicial), a los que los miembros de ETC invitaron a entrar y donde se les explicó en detalle el funcionamiento de la asociación, y que tres semanas antes de la intervención que nos ocupa, uno de los policías judiciales que participaron en la misma estuvo conversando en presencia de testigos con el presidente de ETC acerca de la marcha de la asociación y este le proporcionó los teléfonos del grupo por si necesitaba cualquier aclaración.
En las informaciones publicadas se afirma que se han incautado 7.200 gramos de marihuana, pero este dato es totalmente falso. Se trata del peso en fresco de las plantas que se estaban cultivando, a las que les faltaban varios meses para poder ser cosechadas, sin que tuvieran por tanto propiedades psicoactivas, como se podrá verificar cuando se realicen los análisis pertinentes. En otras palabras, la policía ha arrancado unas cuantas ramas verdes de manzano y ahora las quiere hacer pasar por botellas de sidra.
Por otra parte, hay que recordar que el total de marihuana apta para el consumo que se obtiene de una planta suele oscilar entre el 10 y el 15% del peso total de la planta fresca. Es decir, que si las plantas hubieran estado realmente listas para la cosecha, se habrían obtenido entre 700 y 1100 gramos de marihuana, cantidad que, repartida entre 137 personas, apenas da para el consumo de unos días. El relato policial, asumido de forma acrítica por los medios, intenta que parezcamos una peligrosa organización de narcotraficantes a partir de dos bolsitas de marihuana, unas cuantas plantas raquíticas y 3000 euros procedentes de las cuotas de los socios y con los que se pretendía afrontar colectivamente los gastos del cultivo asociativo.
La asociación ETC quiere rechazar este burdo intento de criminalización contra nuestro colectivo y, especialmente, contra nuestro presidente Julio Domínguez, que sufre desde hace tiempo un verdadero acoso. Mejor harían en perseguir a los verdaderos narcotraficantes y no a quienes intentamos construir alternativas a través de los Clubes Sociales de Cannabis, entidades legales que están liberando a miles de personas de la dependencia del mercado negro, dificultando el acceso de los menores al cannabis, creando puestos de trabajo, y generando actividad económica legal, recaudación de impuestos y cotizaciones sociales.
En este sentido, a quienes de verdad favorece la nada heroica intervención policial de Torrelavega es a las mafias, que van a recuperar un buen puñado de clientes que estaban a punto de perder. Es especialmente sangrante el hecho de que en ETC haya 12 personas que usan el cannabis como terapia y que han sido injustamente privadas de una planta medicinal que les ayudaba a mejorar su salud y su calidad de vida. Y todo ello, supuestamente, en nombre de la llamada “salud pública”.
En este sentido, exigimos de los poderes públicos que el consumo y autoproducción de cannabis, que el Tribunal Supremo despenalizó en fecha tan lejana como 1974, se regulen de forma clara de una vez para evitar la inseguridad jurídica que sufrimos en la actualidad, totalmente impropia de las garantías que deben caracterizar a un verdadero estado de derecho.
Torrelavega, 7 de abril de 2011
Personas de contacto:
Julio Domínguez, presidente de ETC 603841220
Martín Barriuso, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) 670996335
HISTORIAL>>>>>
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